La comunidad gitana en España ha vivido en los últimos 30 años un importante proceso de inclusión social que ha venido de la mano del cumplimiento por parte de los poderes públicos de la obligación que establece el artículo 9.2 de la Constitución. Se han desarrollado políticas inclusivas para remover los obstáculos que impedían a este grupo de población el acceso y el ejercicio de diversos derechos económicos, sociales y culturales como son la educación, el empleo y la vivienda. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a pesar de haber conseguido importantes logros, en la actualidad, la desigualdad está aumentando con la crisis económica. Los recortes y medidas de austeridad están afectando en mayor medida a los grupos más vulnerables, están provocando un claro retroceso, que se evidencia en los datos del último informe FOESSA sobre pobreza y exclusión social en el que consta que el 54% de la comunidad gitana vive en situación de exclusión severa y la tasa de exclusión del empleo de esta minoría es del 78,6%. Por ello, es necesario que el estado español actúe con rapidez y cumpla con los objetivos de la estrategia de inclusión social para la comunidad gitana 2012-2020, de los que estamos muy alejados.
Por otro lado y si hablamos de discriminación, en España todavía nos queda mucho camino por recorrer, teniendo en cuenta los diversos estudios realizados en esta materia, entre los que destacamos los siguientes;
- En el barómetro del CIS del año 2005 consta como a 1 de cada 4 españoles no les gustaría que sus hijos fueran a clase con gitanos y a más del 40% les molestaría mucho tener vecinos gitanos.
- Según el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 2007 sobre discriminación y su percepción en España, el 59% de los encuestados sienten poca o ninguna simpatía por los gitanos.
- El Eurobarómetro 2008, el 66% de los españoles y el 62% de los europeos consideran que la discriminación más habitual es la étnica.
- El Eurobarómetro sobre discriminación del año 2009, el 61% de las personas encuestadas consideran que en sus países se produce discriminación por origen étnico.
- En el Panel sobre Discriminación por origen racial o étnico (2010) del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica se analiza la imagen que los españoles tienen de los distintos grupos étnicos, destacando cómo se sigue percibiendo a esta minoría como ladrones (17%), malas personas (10,8%), narcotraficantes (11,8%), con unos porcentajes superiores al resto de grupos étnicos.
- La comunidad gitana sigue siendo, según los datos recogidos en el Estudio “Identificación policial por Perfil étnico en España: informe sobre Experiencias y Actitudes en Relación con las Actuaciones Policiales, publicado en octubre de 2013”, el grupo social más identificado por su perfil étnico.
- En el Décimo Informe de Discriminación y Comunidad Gitana 2014 de la Fundación Secretariado Gitano constan 1073 casos de discriminación que padece esta minoría étnica desagregados por ámbitos: educación, empleo, vivienda, medios de comunicación e internet, seguridad ciudadana, acceso a bienes y servicios.
El rechazo social de esta minoría está provocado por la imagen negativa arraigada e interiorizada que nuestra sociedad tiene de la comunidad gitana, y que están contribuyendo a difundir determinados medios de comunicación, como hemos visto con programas televisivos como “Palabra de Gitano” y “Gipsy Kings”, que han creado un espectáculo caricaturesco e irreal a costa de la dignidad del pueblo gitano, y especialmente de las mujeres gitanas. Por otro lado, es lamentable que la Real Academia de la Lengua Española en su última modificación de la acepción gitano/a defina a esta minoría como “trapacero/a”. Son dos claros ejemplos que nos evidencian el gran reto pendiente que tenemos en la actualidad: acabar con los prejuicios y estereotipos, y dejar de mostrar indolencia y permisividad ante la discriminación del pueblo gitano.
En España estamos dando pasos para combatir la discriminación, existen 52 fiscales provinciales para actuar ante los delitos de odio y no discriminación, se han puesto en marcha protocolos policiales para actuar y registrar este tipo de incidentes y diversas entidades sociales abordan con contundencia la lucha contra la discriminación y los delitos de odio. Ahora bien, no son suficientes. Es necesario retomar y publicar la Ley Integral de Igualdad, que transponga adecuadamente la Directiva 2000/43/CE, es necesario que la lucha contra la discriminación sea una prioridad política en nuestro país, con independencia del partido político que gobierne, y que el sector jurisdiccional avance en esta materia, dado que en estos momentos se encuentra anquilosado, y ello ocasiona una importante indefensión de las víctimas de discriminación y delitos de odio. A este respecto, es importante ponerse en el lugar de las personas que en su día a día sufren el rechazo en el acceso a una entrevista de trabajo, cuando quieren alquilar o comprar una vivienda, acceder a un espacio de ocio, etc. Sin obviar que, a veces, el antigitanismo se visualiza en un grado máximo, produciéndose delitos de odio, como los vividos el pasado verano en dos pueblos de Andalucía, en los que se sucedieron manifestaciones vecinales no autorizadas y fueron agredidas diversas viviendas de familias gitanas.
El abordaje de la lucha contra la discriminación racial o étnica y los delitos de odio debe realizarse tomando como referencia el modelo de la defensa de la igualdad de género y la violencia de género. Como profesional del derecho, me parece importante tomar este marco de referencia: una legislación efectiva, profesionales formados (cuerpos policiales, servicios médicos, abogados, fiscales, jueces, psicólogos, técnicos de entidades sociales, etc.) que actúan de forma rápida y coordinada para proteger y resarcir a las víctimas. Es el momento de generar una política antidiscriminatoria seria y efectiva, en la que impliquemos a toda la sociedad en un beneficio común, la defensa del derecho fundamental.
Sastipen Thaj Mestipen
(Salud y Libertad)