La posibilidad de salir de este círculo de exclusión se dificulta aún más con los recortes del gobierno español en programas de integración de los inmigrantes. Desde 2010 el Fondo para Integración de los Inmigrantes viene sufriendo recortes –de 133 millones de € en 2010-  hasta su cancelación en 2012. Sin embargo, las deportaciones no se reducen. En 2013 España expulsó 6,13% más inmigrantes en situación administrativa irregular que en 2012 y el  presupuesto para 2015-2016 para las  deportaciones es de 12 millones de euros.

La crisis económica, sumada a la falta de programas de integración de los inmigrantes, potencia la percepción de la inmigración como un excedente indeseable. Antes de la crisis, el 33% de la población española mostraba una actitud tolerante ante la inmigración. En la última encuesta del CIS, solo el 26%.

En este escenario, el número de inmigrantes en España, entre julio de 2013 y julio de 2014, bajó un 6,67%[1]. Algunos inmigrantes incluso llegaron a solicitar la pérdida de la nacionalidad española para poder ser beneficiarios del programa de retorno voluntario.

El círculo de exclusión en el que se encuentra el inmigrante es como el pez que se muerde la cola. La crisis lleva a la precariedad laboral, lo que no colabora de cara a que haya una percepción positiva de la migración –casi un 77% de los españoles consideran que al aceptar sueldos más bajos, los inmigrantes hacen que bajen los salarios. La falta de programas y políticas de integración de la población inmigrada dificultan la aceptación de la misma por parte de los españoles, lo que complica el acceso del inmigrante al trabajo y a todos sus derechos, lo que genera paro y  hace que vuelva a empezar el círculo de exclusión.